Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fapmi-ECPAT España pone el foco en la problemática de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como una de las formas más graves y persistentes de esclavitud contemporánea.
Según el artículo 3 del Convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la expresión «las peores formas de trabajo infantil» abarca:
- todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de personas menores de edad, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;
- la utilización, el reclutamiento o la oferta de personas menores de edad para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
- la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niñas y adolescentes para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
- el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de la infancia y la adolescencia.
Lejos de ser un problema aislado, esta forma de victimización afecta a millones de personas menores de edad en todo el mundo, incluyendo los contextos europeos y en nuestro propio país.
Según los últimos datos disponibles, se estima que más un millón de niños y niñas son víctimas de explotación sexual (OIM, 2017). Esta cifra, probablemente subestimada debido a la naturaleza clandestina de este tipo de delitos y su complejidad asociada, abarca desde la trata con fines de explotación sexual hasta la explotación sexual a través de plataformas o medios digitales, pasando por la que se produce en el contexto de los viajes y el turismo.
Esta forma de esclavitud de la infancia y la adolescencia adopta formas cada vez más sofisticadas y complejas. Las tecnologías digitales han permitido una expansión sin precedentes de las violencias sexuales que se producen en el entorno online, facilitando la captación, creación y difusión de contenidos de explotación sexual. Al respecto, más de 300 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo se han visto afectados y afectadas por esta forma de explotación (Childlight, 2024). En España también se ha venido alertando del crecimiento sostenido de los casos relacionados con la explotación sexual online de personas menores de edad.
La explotación sexual de personas menores de edad vulnera múltiples derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia y representa una forma de violencia estructural que perpetúa la pobreza, la discriminación y la desigualdad de género. En definitiva, supone una forma contemporánea de esclavitud que exige ser reconocida como tal y poner en marcha todos los mecanismos necesarios para hacerle frente por parte de los Estados, pero también de la sociedad en su conjunto.
Fapmi-ECPAT España trabaja para erradicar esta forma de esclavitud a través de una estrategia integral basada en la prevención. Entre nuestras principales líneas de actuación se encuentra la formación de profesionales de cualquier ámbito vinculado con la infancia y la adolescencia, el impulso del conocimiento científico sobre la realidad de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia y el impulso de la colaboración entre agentes relacionados y relacionadas directa e indirectamente con esta problemática para mejorar el abordaje efectivo de la misma.
La Federación también trabaja desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de infancia, exigiendo el cumplimiento de compromisos internacionales que tienen por objetivo poner fin a la violencia sexual hacia la infancia y la adolescencia.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no es una problemática ajena ni lejana. Puede ocurrir en todos los contextos y requiere una respuesta firme, sostenible y coordinada que refuerce las políticas de protección a la infancia y la adolescencia, mejore los recursos destinados a las víctimas y supervivientes y combata la impunidad. Esta respuesta, además, debe ser asumida de forma compartida por los poderes públicos, el sector privado y la ciudadanía en general.
