El Congreso de Estados Unidos celebró ayer, 31 de enero, una audiencia ante la Comisión Judicial de Senado donde se debatió el impacto que las redes sociales tienen sobre la infancia y la adolescencia.
Este debate no es nuevo. En los últimos años, venimos observando como la sociedad se está trasladando cada vez más a Internet, donde las redes sociales y otros productos y servicios que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación permiten a las personas desde intercambiar información de todo tipo hasta la construcción de relaciones. Esta dimensión de ubicuidad exige que la consideremos de forma meticulosa y evaluemos el impacto que pueda suponer en el desarrollo de las personas menores de edad.
En este sentido, los proveedores de servicios de Internet tienen una importante cuota de responsabilidad que asumir en la garantía de que la tecnología se desarrolle y se utilice prestando especial atención a la protección de niños, niñas y adolescentes.
Desde 2020, ya con el anuncio de determinadas plataformas de incorporar el encriptado de extremo a extremo, fapmi-ECPAT España viene advirtiendo de lo anterior, siendo 2023 un año especialmente relevante por cuanto la Comisión Europea desarrolló una propuesta de Reglamento que establecía una serie de normas para prevenir y combatir la violencia sexual online hacia la infancia y la adolescencia. Si bien el acuerdo que finalmente se alcanzó resulta a todas luces insuficiente a este propósito, puso sobre la mesa la necesidad urgente de avanzar en una normativa que establezca reglas sobre lo que deben hacer los proveedores de servicios en Internet para garantizar la seguridad de las personas menores de edad.
De hecho y solo en Europa, uno de cada cinco niños y niñas es víctima de violencia y abusos sexuales y cada segundo se comparten en la red al menos dos imágenes o vídeos de abusos sexuales cometidos sobre personas menores de edad. Una de cada tres denuncias de abusos sexuales tiene como protagonista a un menor de 10 años.
Los proveedores de servicios de Internet se encuentran en una posición privilegiada para poder prevenir, detectar, reportar y eliminar los materiales y las conductas de explotación y abuso sexual infantil online. Y es que la prevención y el abordaje de la violencia online hacia la infancia y la adolescencia nos compete a todos y todas: desde la sociedad civil, las administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad, las familias, los y las profesionales, las niñas, niños y adolescentes, hasta los propios expertos en tecnología.
En este sentido, desde fapmi-ECPAT España abogamos por la educación y el empoderamiento de la Infancia y la adolescencia en el uso seguro de las TIC como una vía de prevención. Por ello, a través de programas como Make-it-Safe, trabajamos para dotar a las personas menores de edad, pero también a sus familias y a los y las profesionales que desarrollan actividades con ellos y ellas, de herramientas y recursos para que niños, niñas y adolescentes estén seguros online.
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